El Ayuntamiento Aclara que el McDonald’s de Puertochico Podrá Abrir si Cumple la Normativa
La polémica ha estallado en Santander. Y no es para menos. El anuncio de que una franquicia internacional de comida rápida ocupará un espacio considerable en el Mercado de Puertochico ha desatado un debate ciudadano que trasciende lo meramente gastronómico. Estamos ante una cuestión de fondo: la legalidad administrativa, el cumplimiento normativo y, sobre todo, la importancia capital que tienen hoy en día las licencias de actividad, las declaraciones responsables y los permisos municipales en cualquier proyecto empresarial.
La alcaldesa de Santander ha sido clara, rotunda incluso: si McDonald’s cumple con todos los requisitos exigibles, obtendrá las licencias correspondientes. No hay espacio para la arbitrariedad política. No caben favoritismos ni vetos ideológicos. La normativa es la normativa. Y esto, señores, no es un capricho burocrático: es el fundamento mismo del Estado de Derecho aplicado a la gestión municipal.
La Tramitación Administrativa: Un Proceso Reglado Sin Margen para la Discrecionalidad
Conviene detenerse en esto porque resulta fundamental. La concesión de una licencia de apertura no es un acto caprichoso donde el poder político decide según sus preferencias personales o las presiones vecinales. Es un acto reglado, sometido a requisitos técnicos específicos que deben verificarse con rigor profesional. Los técnicos municipales analizan, comprueban, requieren subsanaciones si es necesario, y finalmente resuelven conforme a derecho.
En el caso del establecimiento que nos ocupa, la tramitación se encuentra actualmente en fase técnica de resolución de alegaciones. Los vecinos han presentado sus objeciones legítimas: horarios de apertura, ubicación de salidas de humos, impacto en el entorno. Todo ello debe ser examinado con la máxima escrupulosidad. Pero el criterio no puede ser otro que el cumplimiento o incumplimiento de la normativa vigente.
Esta situación pone de manifiesto algo que muchos empresarios descubren demasiado tarde: la importancia crítica de contar con todos los permisos en regla desde el primer momento. No se trata de un trámite menor ni de una formalidad prescindible. Hablamos de documentación que determina si un negocio puede o no abrir sus puertas, si puede ejercer su actividad legalmente o si se expone a sanciones económicas potencialmente ruinosas.
Licencias de Obras y Normativa Urbanística: El Primer Escollo Insalvable
Antes incluso de pensar en la actividad comercial, cualquier reforma o acondicionamiento del espacio requiere las correspondientes licencias de obras. Y aquí no valen atajos ni improvisaciones. La legislación urbanística española es extraordinariamente exhaustiva, y los ayuntamientos tienen competencias plenas para verificar que cualquier intervención en un inmueble se ajusta a la normativa.
En el caso de un mercado municipal como el de Puertochico, la complejidad se multiplica. Estamos hablando de un espacio público concesionado, con características arquitectónicas específicas, ubicado en un barrio con su propia idiosincrasia y sometido a regulaciones particulares. Las obras de acondicionamiento deben respetar no solo las normas generales de construcción, sino también las especificidades del entorno y las condiciones establecidas en el pliego de licitación.
El concesionario, Bakia Mercado de Puertochico Abastos Gestión, asumió el compromiso de revitalizar el espacio manteniendo su esencia de mercado de barrio. Ese compromiso incluye necesariamente el cumplimiento exhaustivo de todas las exigencias técnicas y normativas. Y aquí es donde la gestión administrativa se convierte en algo más que burocracia: es la garantía de que los proyectos se desarrollan con las máximas garantías de seguridad, salubridad y respeto al entorno urbano.
Las Alegaciones Vecinales: Legítimas pero Sujetas a Criterios Técnicos
La plataforma Salvemos el Mercado de Puertochico ha canalizado el malestar de muchos residentes. Sus quejas son legítimas y merecen ser escuchadas. Pero escuchar no significa necesariamente dar la razón. El procedimiento administrativo existe precisamente para eso: para que todas las voces sean oídas, para que los técnicos evalúen cada alegación y para que finalmente se resuelva conforme a criterios objetivos.
Las preocupaciones expresadas por los vecinos giran en torno a cuestiones perfectamente tasables técnicamente. Los horarios de apertura están regulados por ordenanzas municipales. Las salidas de humos deben cumplir normativas específicas de salubridad y medio ambiente. El impacto acústico tiene límites legales establecidos. Todo ello puede y debe medirse, verificarse y, en su caso, corregirse mediante los requerimientos técnicos oportunos.
Lo que no puede hacer la administración municipal es prohibir una actividad económica lícita por razones de preferencia personal o presión social. Y esto nos lleva a una reflexión incómoda pero necesaria: cómo evitar la multa por no tener licencia de apertura es una preocupación compartida por todos los empresarios, desde el pequeño comerciante local hasta las grandes cadenas internacionales. La respuesta es siempre la misma: cumpliendo escrupulosamente con todos los requisitos legales.
La Gestión del Mercado: Entre lo Público y lo Privado
Izquierda Unida ha cuestionado el modelo de gestión «privatizada» del mercado. Es un debate legítimo sobre el que pueden sostenerse posiciones diversas. Pero conviene precisar: la concesión de un espacio público a un operador privado no es una privatización en sentido estricto. Es una fórmula de gestión indirecta perfectamente legal y ampliamente utilizada en la administración española.
El concesionario asume riesgos económicos y compromisos de inversión, pero lo hace bajo la supervisión municipal y conforme a un pliego de condiciones que establece obligaciones precisas. Entre ellas, mantener los puestos de los comerciantes preexistentes y dinamizar el conjunto del mercado. Que la dinamización se consiga mediante la entrada de operadores que algunos consideran inadecuados es discutible. Que sea ilegal, desde luego no.
La alcaldesa ha explicado que la primera opción era para un hostelero cántabro, pero la negociación no fructificó. También ha señalado que otros establecimientos como La Crujiente ocupan múltiples módulos sin generar la misma controversia. La diferencia, evidentemente, no es técnica ni jurídica: es simbólica. McDonald’s representa para muchos la globalización que arrasa con la identidad local. Es un debate cultural legítimo, pero que no puede resolverse mediante trabas administrativas injustificadas.
El Precedente: Por Qué Importan las Licencias de Actividad en 2025
Este caso santanderino ilustra perfectamente por qué las licencias de actividad y las declaraciones responsables son hoy más importantes que nunca. Vivimos en una sociedad hipernormativizada donde cada actividad económica está sujeta a múltiples regulaciones: urbanísticas, ambientales, sanitarias, laborales, de seguridad. La obtención de los permisos correspondientes no es un trámite rutinario: es la demostración fehaciente de que el proyecto cumple con todas esas exigencias.
Para cualquier empresario, grande o pequeño, operar sin las licencias en regla es jugarse literalmente el negocio. Las sanciones pueden alcanzar decenas de miles de euros. Pero más allá de lo económico, está el cierre cautelar de la actividad: de la noche a la mañana, tu negocio puede ser precintado si la inspección municipal detecta que operas sin la preceptiva licencia de apertura.
Por eso resulta llamativo que este debate se centre tanto en aspectos ideológicos o emocionales y tan poco en la realidad administrativa. McDonald’s, como cualquier otro operador, debe cumplir exactamente los mismos requisitos que un pequeño bar de barrio. Ni más ni menos. Si cumple, abre. Si no cumple, no abre. Así de sencillo y así de complejo.
La Libertad de Expresión y los Límites de la Protesta
La polémica sobre la retirada de la pancarta vecinal abre otro flanco del debate. IU denuncia censura. El Ayuntamiento probablemente alega que hay normativa sobre colocación de elementos publicitarios o propagandísticos en la vía pública. De nuevo, un conflicto entre derechos y regulaciones que debe resolverse conforme a derecho.
La libertad de expresión es un derecho fundamental, sin duda. Pero no es absoluto ni ilimitado. Colocar pancartas en edificios privados o en espacios públicos está sujeto a normas. Puede parecer excesivo, puede generar malestar, pero si existe una ordenanza que lo regula, debe aplicarse. De lo contrario, entramos en la arbitrariedad selectiva: aplicar la norma según convenga políticamente.
Lecciones para Empresarios y Administraciones
Este conflicto deja lecciones valiosas para todos. Para los empresarios: no escatimen recursos ni tiempo en obtener todas las licencias necesarias con asesoramiento profesional cualificado. Un error en la tramitación puede costar meses de retraso y decenas de miles de euros en modificaciones posteriores.
Para las administraciones: la transparencia en los procedimientos y la comunicación clara con los vecinos son esenciales. Muchos conflictos se evitarían si desde el principio se explicase detalladamente qué se va a hacer, bajo qué condiciones y con qué garantías.
Para los ciudadanos: canalizar las protestas a través de los mecanismos legales previstos (alegaciones, recursos) es más efectivo que las pancartas. El derecho administrativo ofrece instrumentos potentes para defender intereses legítimos si se utilizan correctamente.
El Futuro del Mercado de Puertochico
Con 400 metros cuadrados destinados a McDonald’s sobre un total que incluye zonas comerciales y gastronómicas, el mercado experimentará sin duda una transformación. Si será positiva o negativa, el tiempo lo dirá. Pero lo que está claro es que, desde el punto de vista legal y administrativo, si se cumplen todos los requisitos, no hay base jurídica para impedirlo.
Y esto, más allá de preferencias personales, es lo que sostiene el funcionamiento ordenado de nuestras ciudades: que las normas se apliquen con objetividad, que los procedimientos administrativos respeten las garantías de todos los intervinientes y que las decisiones políticas no suplanten los criterios técnicos reglados.
El McDonald’s de Puertochico abrirá o no abrirá en función de si cumple la normativa. Exactamente igual que cualquier otro establecimiento. Ni más ni menos. Porque en un Estado de Derecho, eso es lo que toca: aplicar la ley con ecuanimidad, rigor y sin excepciones.