Mataró pone fin al cámping ilegal: la historia detrás del macro desalojo
Mataró amaneció con sirenas, chalecos reflectantes y una sensación de que lo provisional había durado demasiado. El llamado macro desalojo de un cámping ilegal en suelo protegido no fue un operativo cualquiera. Fue, en realidad, la culminación de meses de advertencias, decretos y la constatación de un riesgo que iba mucho más allá de lo urbanístico: la ausencia de equipos de protección contra incendios, planes de emergencia y medidas mínimas de seguridad para una instalación que, en apariencia, jugaba a ser camping y espacio para eventos, pero que en la práctica se sostenía sobre la precariedad.
El amanecer de un operativo sin precedentes
A las ocho de la mañana, más de 300 efectivos —entre Mossos d’Esquadra, Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, técnicos municipales y voluntarios de Cruz Roja— se desplegaron en un terreno agrícola de 15 hectáreas, a los pies del Parc Natural del Montnegre i Corredor. La imagen era tan contundente como simbólica: acabar con un asentamiento que había convertido un espacio protegido en un mosaico de 160 parcelas ilegales, algunas ocupadas de forma permanente y otras como residencias secundarias.
El Ayuntamiento había advertido en repetidas ocasiones del riesgo extremo de incendio en la zona, una preocupación respaldada por los últimos tres fuegos registrados en el entorno periurbano. Cocinas improvisadas, cables eléctricos cruzando parcelas, acumulación de bombonas y residuos inflamables componían un escenario de alto peligro, sin ningún tipo de control.
Licencias, seguridad y el papel invisible de los extintores
El caso del cámping ilegal de Mataró no es solo una historia de urbanismo irregular. Es, sobre todo, un recordatorio de que ningún proyecto puede desarrollarse sin cumplir con los requisitos básicos de licencias de actividad, licencias de apertura, declaraciones responsables y licencias de obra. Todas ellas, sin excepción, exigen hoy en día la acreditación de medidas de seguridad, con especial énfasis en los equipos de protección contra incendios. Y aquí, precisamente, no había ni rastro de esos mecanismos.
Lo que en un primer momento parecía solo un conflicto legal se convirtió en un asunto de seguridad ciudadana. Porque en un espacio con decenas de familias, niños y mayores, sin extintores ni vías de evacuación señalizadas, el riesgo de tragedia era cuestión de tiempo.
Un cámping pirata en suelo protegido
Los informes municipales fueron claros: los terrenos pertenecen a una sociedad inmobiliaria y estaban alquilados a una empresa que, en lugar de destinarlos a uso agrícola, los había transformado en un improvisado cámping. La normativa urbanística lo prohibía expresamente. Sin embargo, la actividad no solo continuó, sino que se amplió con la llegada de nuevas familias y con empadronamientos que duplicaron la población del asentamiento en apenas un año.
Las inspecciones técnicas comprobaron la ausencia de planes de autoprotección, la acumulación de materiales peligrosos y la inexistencia de protocolos básicos de seguridad. La pregunta era evidente: ¿cómo hubiera reaccionado este enclave en caso de incendio si ni siquiera contaba con un simple extintor operativo?
El peso de lo legal: licencias y responsabilidades
El desalojo no se improvisó. Desde junio, el Ayuntamiento fue emitiendo decretos, otorgando plazos para alegaciones y notificando de manera formal la ilegalidad del asentamiento. Pero la respuesta fue el silencio administrativo de quienes explotaban las parcelas. La única salida era, por tanto, la vía judicial.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo autorizó la intervención. Con ese respaldo legal, los equipos municipales entraron no solo a desalojar, sino también a desconectar suministros, retirar instalaciones eléctricas clandestinas y precintar todo aquello que representara un peligro añadido. Porque lo ilegal no era solo la ocupación del terreno: lo era también el incumplimiento flagrante de las normas de seguridad que exige cualquier declaración responsable.
La dimensión humana del desalojo
El macrodesalojo afectó a 85 personas empadronadas y a decenas de familias que usaban las parcelas como segundas residencias. Desde las primeras horas de la mañana, los equipos de Cruz Roja y Bienestar Social del Ayuntamiento organizaron un dispositivo para realojar a quienes carecían de alternativas. El operativo incluyó asistencia psicológica, apoyo médico y detección de casos de vulnerabilidad.
A las tres de la tarde, 14 personas habían sido realojadas provisionalmente y el resto aguardaba valoración de alternativas. La jornada se prolongó hasta el anochecer, porque no se trataba únicamente de desmontar estructuras, sino de acompañar a quienes se quedaban sin hogar.
Decretos, avisos y la paciencia administrativa
La cronología del desalojo revela una estrategia pausada pero firme. Primero, el decreto del alcalde otorgando un plazo para alegaciones. Después, la notificación de clausura y la concesión de un margen para desocupar voluntariamente. Más tarde, la verificación de que nada había cambiado. Y, finalmente, la petición de intervención judicial para proceder al desalojo forzoso.
El procedimiento administrativo, largo y complejo, refleja la dificultad de actuar frente a una actividad ilegal cuando esta se enmascara bajo la apariencia de legalidad. Pero también subraya un principio esencial: sin licencias, sin medidas de seguridad y sin planes de autoprotección, no hay proyecto viable, por mucho que se intente sostener sobre el papel de la costumbre.
Investigación penal y delitos medioambientales
Paralelamente, la División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra abrió diligencias por posibles delitos urbanísticos y medioambientales. Se practicaron registros en pisos y parcelas relacionadas con la gestión del cámping. El caso se encuentra bajo secreto de sumario, pero la hipótesis es clara: la explotación del terreno podría haber derivado en responsabilidades penales más allá de las administrativas.
Un mensaje de tolerancia cero
El Ayuntamiento de Mataró lo ha repetido con contundencia: tolerancia cero frente al barraquismo y las actividades ilegales que ponen en riesgo tanto a la población como al entorno natural. El desalojo no fue solo una medida puntual, sino una declaración de intenciones: recuperar espacios protegidos y garantizar que nunca más se usen sin cumplir la normativa vigente.
El precinto de la zona busca evitar futuras ocupaciones. Mientras tanto, se colabora con la Fiscalía de Medio Ambiente y con los Mossos para determinar responsabilidades y sentar un precedente claro: la legalidad urbanística y la seguridad ciudadana no son opcionales.
Lo que está en juego
El caso de Mataró deja varias lecciones. La primera, que los asentamientos ilegales no son solo un problema de ocupación del suelo, sino un riesgo real para la seguridad de quienes los habitan y para el medio ambiente. La segunda, que las licencias de actividad, declaraciones responsables y licencias de apertura no son burocracia innecesaria, sino la garantía de que cualquier actividad cumple unos mínimos irrenunciables. Y la tercera, que los equipos de protección contra incendios son la línea roja entre la normalidad y la catástrofe.
En tiempos donde la normativa es exigente, y con razón, historias como la de este cámping ilegal nos recuerdan que no basta con tener terreno y voluntad: hace falta cumplir, invertir en seguridad y asumir que, sin prevención, cualquier actividad está condenada a terminar en desalojo.