Concesión polémica en Estepona: bar de la nuera del alcalde sin canon ni licencia
La ciudad de Estepona, tradicionalmente conocida por su atractivo turístico y su litoral privilegiado, ha visto cómo un asunto administrativo ha saltado a la esfera judicial y mediática. La reciente concesión polémica de un bar y mirador situado en las plantas altas del Mirador del Carmen ha puesto en relieve la trascendencia de cumplir con todas las normativas vigentes sobre licencias de actividad, declaraciones responsables, licencias de apertura y licencias de obras. Este caso no solo tiene implicaciones legales, sino que evidencia la importancia de la transparencia en la administración pública y la necesidad de que cualquier negocio cumpla con la normativa antes de iniciar operaciones.
Antecedentes de la concesión y la controversia
En 2023, el Ayuntamiento de Estepona, gobernado por el Partido Popular, adjudicó durante 20 años la explotación de un bar, restaurante y mirador a la empresa Inversiones Delmar 2022, S.L., cuyo capital social y administración estaban vinculados directamente con la familia del alcalde, José María García Urbano. La adjudicación de un bien público de alto valor sin la exigencia de canon ni la verificación de una licencia de apertura ha generado alarma y ha puesto sobre la mesa el debate sobre la legalidad y ética de este tipo de concesiones.
El propio informe del Servicio de Gestión Tributaria del Ayuntamiento, fechado el 29 de enero de 2026, confirma que el local no ha satisfecho la cantidad en concepto de canon, un pago anual obligatorio por la explotación de bienes públicos, precisamente por carecer de la licencia de apertura exigida por la normativa.
Investigación judicial y presuntas irregularidades
El Juzgado de Instrucción nº 4 de Estepona investiga a José María García Urbano y a varios funcionarios del Ayuntamiento por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La fiscalía y la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) han señalado irregularidades en la constitución de la empresa adjudicataria, en el origen del capital y en la falta de cumplimiento de los requisitos legales de solvencia económica y profesional. Según la investigación, la fianza podría haberse abonado con fondos provenientes del propio alcalde, lo que constituiría un conflicto de interés evidente y podría configurar un delito de blanqueo de capitales.
El hecho de que el local haya estado operando sin licencia desde su apertura en septiembre de 2024 evidencia la urgente necesidad de cumplir con la normativa de licencias de actividad, no solo por razones legales, sino también por seguridad y transparencia administrativa.
Importancia de las licencias de actividad y apertura
Las licencias de actividad y las licencias de apertura son elementos clave para garantizar que cualquier negocio cumpla con los estándares de seguridad, higiene y habitabilidad exigidos por la legislación. La ausencia de estas licencias puede derivar en sanciones, cierre del establecimiento y responsabilidades penales para los responsables, tal como se está observando en Estepona.
Además, obtener una licencia apertura asegura que el local cumple con la normativa urbanística y de seguridad, incluyendo la instalación de sistemas contra incendios, salidas de emergencia y accesibilidad para personas con movilidad reducida. La importancia de estas licencias trasciende el ámbito administrativo y protege tanto al consumidor como al propietario del negocio.
Declaraciones responsables y transparencia administrativa
En el marco legal actual, las declaraciones responsables permiten agilizar la apertura de negocios, pero requieren que los responsables cumplan estrictamente con todos los requisitos técnicos y normativos. Saltarse estos pasos, como sucedió en Estepona, no solo constituye un incumplimiento legal sino que puede derivar en responsabilidades penales y civiles.
Por ello, es fundamental que cualquier empresario o gestor que desee operar un establecimiento en España verifique que se cumplen todas las condiciones y obtenga las licencias necesarias antes de iniciar la actividad. De lo contrario, se corre el riesgo de sanciones y de que la operación sea declarada nula, como parece estar ocurriendo en este caso concreto.
Repercusiones políticas y administrativas
El escándalo ha tenido un notable eco político. El Grupo Socialista denunció el caso en pleno municipal en julio de 2023, destacando que la empresa se constituyó apenas siete meses antes de la licitación y que utilizaba domicilios vinculados a otras sociedades del alcalde y su entorno. Según los denunciantes, esta operación refleja un uso partidista y familiar de los bienes públicos, lo que subraya la necesidad de fortalecer los controles sobre las concesiones municipales.
Además, la falta de pago del canon y la ausencia de licencia de apertura evidencia un vacío en la supervisión municipal, que permite que negocios operen de manera irregular, generando riesgos legales y económicos.
Aspectos económicos de la concesión
La cuantía del canon anual, fijada en 27.427,38 euros con incrementos del 2% anual, constituye una parte importante de los ingresos del Ayuntamiento por la explotación de bienes públicos. No cobrar este canon afecta directamente a las arcas municipales y vulnera el principio de igualdad en la contratación pública, ya que otros empresarios deben cumplir estrictamente con estas obligaciones.
El pago de la fianza con recursos presuntamente del propio alcalde genera además un conflicto de interés que cuestiona la ética en la gestión de fondos públicos. Este tipo de prácticas resalta la importancia de auditorías y controles rigurosos sobre las concesiones, así como de la exigencia de leer más noticias de este tipo aquí: https://declaracion-responsable.com/category/licencias/ para mantenerse informado sobre irregularidades similares.
Lecciones sobre licencias de obras y aperturas
El caso de Estepona es paradigmático para entender por qué las licencias de obras y aperturas no son meros trámites burocráticos. Estas licencias aseguran que cualquier intervención constructiva o apertura de negocio se realiza con todas las garantías técnicas y legales, incluyendo la seguridad estructural, la prevención de incendios, la salubridad y la accesibilidad. Saltarse estos requisitos puede derivar en responsabilidades penales y graves consecuencias económicas para los propietarios y gestores.
La normativa vigente obliga a que cada establecimiento cuente con una planificación y supervisión adecuada antes de abrir al público. En ausencia de estas licencias, como en Estepona, se generan conflictos legales y se pone en riesgo la seguridad de trabajadores y clientes.
La importancia de la legalidad y la transparencia
Este caso refleja de manera clara que la concesión de negocios públicos debe realizarse bajo estrictos criterios de legalidad, transparencia y equidad. La ausencia de licencias de actividad, licencias de apertura y declaraciones responsables no solo vulnera la normativa, sino que también daña la confianza de los ciudadanos en la administración local.
En el contexto actual, cualquier empresario o gestor que desee operar un negocio en España debe asegurarse de cumplir con todas las obligaciones legales y administrativas. La experiencia de Estepona demuestra que saltarse estos pasos puede derivar en investigaciones judiciales, sanciones y pérdida de credibilidad.
La concesión polémica en Estepona: bar de la nuera del alcalde sin canon ni licencia se convierte así en un caso de estudio sobre la importancia de cumplir con todas las normativas, la necesidad de supervisión rigurosa y la relevancia de proteger los bienes públicos frente a conflictos de interés.